Destacado Internacionales Venezuela

Exjuez español cobró €1,85 millones por diseñar la defensa de Carvajal

El contrato fue suscrito el 17 de junio de 2016 por el propio Wilmer Ruperti, en representación de Maroil Trading Inc., y, el número dos de Garzón, Ricardo Arranz, director de Oficina y responsable del área Civil y Mercantil de Ilocad


Ilocad S.L., el despacho del exjuez Baltasar Garzón,facturó a la sociedad panameña Maroil Trading 1.850.000 euros durante la segunda mitad del año 2016, según los documentos a los que ha tenido acceso ABC. La mercantil es una de las empresas del venezolano Wilmer Ruperti, magnate del transporte marítimo y de los medios de comunicación y un destacado «boliburgués», los empresarios que hicieron o incrementaron su fortuna con el chavismo.

Lo llamativo de estos pagos es que responden a un contrato cuyo objeto es elaborar «un informe independiente sobre el origen, desarrollo, consistencia (…) sobre las investigaciones abiertas en Estados Unidos de los casos que afectan a quien fuera director de los servicios de inteligencia de Venezuela, Hugo Carvajal». Estados Unidos reclamaba al general retirado Hugo Carvajal (ver información adjunta) por narcotráfico, entre otros delitos. Actualmente, el exjefe de la inteligencia chavista, que renunció a Maduro y apostó por Guaidó, se encuentra detenido en Madrid, a la espera de que se resuelva la petición de Estados Unidos.

La firma del contrato

El contrato fue suscrito el 17 de junio de 2016 por el propio Wilmer Ruperti, en representación de Maroil Trading Inc., y, el número dos de Garzón, Ricardo Arranz, director de Oficina y responsable del área Civil y Mercantil de Ilocad (International Legal Office for Cooperation & Development).

La «hoja de encargo de servicios jurídicos» no consistía en que Garzón o alguien de su equipo se convirtiera en abogado de Carvajal, sino en diseñar la estrategia de su defensa. El contrato se dividía en cinco bloques que suman 2,95 millones de euros. Solo tres meses después, en septiembre, cuando ya se habían realizado los primeros pagos, la petrolera estatal venezolana, Pdvsa,anunció que adjudicaba a la misma empresa, Maroil Trading Inc, un contrato de 138 millones de dólares, unos 123 millones de euros al cambio actual.

Según la información que publicó Reuters, la adjudicación era para «remover una gran cantidad de coque de petróleo ubicado en uno de sus terminales» (de Pdvsa). «El coque, un producto que resulta de mejorar el crudo pesado de la Faja del Orinoco, se ha acumulado rápidamente en el terminal, ubicado en la costa oriental venezolana, desde que un incendio en el 2009 obligó a detener sus exportaciones», añadía la agencia.

De este modo, en el mismo tiempo –y en plena crisis venezolana– que una empresa de Wilmer Ruperti recibía un contrato millonario de la petrolera estatal, esa misma compañía pagaba a Garzón la estrategia de defensa del exjefe del espionaje chavista.

Como desveló ABC en agosto de 2016, el contrato que ahora publicamos lo negociaron personalmente Garzón y el general Hugo Carvajal a finales de julio de ese año. El exmagistrado viajó a Isla Margarita (Venezuela) para encontrarse con el general chavista, al que Estados Unidos identificaba como uno de los líderes del Cartel de los Soles, el grupo de narcos controlado por el Ejército chavista.

De hecho, Carvajal ya había sido detenido en 2014 por esta reclamación en la isla caribeña de Aruba, de soberanía holandesa, pero cedieron a las presiones que Caracas y pudo escapar.

Según las fuentes consultadas por ABC, el informe de Garzón debía cuestionar los métodos de la DEA y la justicia estadounidense para actuar en estos procesos de narcotráfico, de ahí que el trabajo de Garzón también fuera aplicable al caso de los sobrinos de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. Efraín Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas fueron detenidos en Haití por narcotráfico el 10 de noviembre de 2015 en una operación de la agencia antidroga estadounidense. Una corte federal de Nueva York los condenó en el año 2017 a 18 años de cárcel por intentar introducir en Estados Unidos 800 kilogramos de cocaína suministrados por las FARC, la narcoguerrilla colombiana. Además, Ruperti reconoció haber pagado al bufete estadounidense que asumió la defensa de los «narcosobrinos».

Con información de ABC de España