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Sindicalistas exigieron frente a la Fiscalía la liberación de Rubén González

Foto: Luna Perdomo

Los sindicalistas aseguran que no le tienen miedo al mandato encabezado por Nicolás Maduro y afirman que aunque los metan presos a todos, no los callarán en la lucha por los derechos fundamentales en el trabajo


Sindicalistas y dirigentes sociales protestaron este jueves frente a la sede del Ministerio Público en Caracas para exigirle al Gobierno la liberación de Rubén González, secretario del sindicato de Ferrominera Orinoco, quien fue condenado por el Tribunal Militar Décimo Quinto de Control de Maturín, Monagas, a cinco años y nueves meses de prisión por los delitos de ultraje al centinela y a la Fuerza Armada Nacional.

El coordinador nacional del frente autónomo para la defensa del empleo, el salario y el sindicato, Dick Guanique, dijo que Rubén González fue condenado por “defender a los trabajadores, por defender la democracia en Venezuela, por exigir que los derechos fundamentales en el trabajo sean respetados por el Estado, por los patronos, por el Gobierno”.

Del mismo modo, Guanique le pregunta al Ministerio Público ¿por qué no intervino en el caso de González? y ¿por qué se arrodilló ante la justicia militar? y consideró que la Fiscalía “lo que hace es perseguir a los trabajadores en vez de atender sus reclamos”; por lo que exigen la libertad inmediata de Rubén González y que la sentencia sea anulada.

Los sindicalistas aseguran que no le tienen miedo al mandato encabezado por Nicolás Maduro y afirman que aunque los metan presos a todos, no los callarán en la lucha por los derechos fundamentales en el trabajo, por la contratación colectiva y sobre todo por la democracia porque “sin democracia no hay sindicatos libres”, manifestó Dick Guanique.

Complicidad con la justicia militar

El activista de derechos humanos y representante de Provea, Marino Alvarado, denunció “la complicidad que ha tenido el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo frente al juzgamiento de civiles en la justicia militar” y recordó que la Constitución establece que ningún civil puede ser juzgado ante la justicia militar.

Para Alvarado, la complicidad para que civiles sean juzgados en tribunales militares viene desde la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, seguido del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo. El defensor de DDHH considera que a Rubén González se le debió dar libertad plena porque no cometió ningún delito; ya que convocar una huelga en Venezuela no es delito, a pesar de que el Gobierno ha venido criminalizando la protesta pacífica.

“Desde 2012 hasta 2019, seis dirigentes sindicales han sido juzgados en tribunales militares por exigir derechos y más de 150 sindicalistas en el país están sometidos a procesos judiciales por defender el gremio; por lo tanto, condenamos esta actitud cómplice del Ministerio Público, condenamos la pasividad de la Defensoría del Pueblo frente al juzgamiento de civiles en la justicia militar y seguiremos exigiendo el derecho al juez natural”, reclamó Marino Alvarado.

Alvarado aseguró en Venezuela se ha venido militarizando la justicia y recordó que todo civil debe ser procesado en tribunales ordinarios y que la justicia militar es solo para militares.